La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica: modernizar su sistema penitenciario sin caer en el modelo latinoamericano de las megacárceles.
Por Roberto Hernández Basilio
La decisión del Estado dominicano de impulsar la construcción de nuevos centros penitenciarios constituye una respuesta necesaria a una realidad que durante décadas no puede ser ignorada: el crecimiento de la población privada de libertad, el deterioro de determinadas instalaciones y la necesidad de contar con espacios adecuados para una gestión penitenciaria moderna.
Se ha anunciado un ambicioso programa de construcción de nuevos centros, con proyectos en distintas provincias del país. La iniciativa merece ser respaldada. Sin embargo, también exige una reflexión: construir más cárceles no significa, automáticamente, construir más seguridad.
El reciente análisis de InSight Crime sobre las megacárceles de América Latina ofrece una advertencia que República Dominicana debe tomar muy en serio.
La experiencia regional demuestra que concentrar grandes cantidades de personas privadas de libertad en instalaciones de enormes dimensiones no necesariamente elimina la violencia, el crimen organizado ni la corrupción penitenciaria. Algunos de estos establecimientos terminaron convirtiéndose en escenarios donde las organizaciones criminales adquirieron capacidad de control, establecieron mercados ilícitos y reprodujeron desde el interior de las cárceles parte de la violencia existente en las calles.
La lección es clara: el tamaño de una prisión no determina la calidad de un sistema penitenciario.
República Dominicana tiene la oportunidad de tomar un camino diferente.
Los nuevos centros deben ser concebidos como parte de una red penitenciaria moderna, descentralizada, especializada y basada en la gestión del riesgo, y no simplemente como depósitos para trasladar el hacinamiento de un lugar a otro.
Una cárcel moderna necesita mucho más que muros, pabellones y sistemas de vigilancia.
Necesita clasificación.
No todos los privados de libertad tienen el mismo nivel de peligrosidad, el mismo perfil criminológico ni las mismas necesidades. Mezclar indiscriminadamente personas en prisión preventiva con condenados, delincuentes de alta peligrosidad con infractores de menor riesgo, o jóvenes con adultos, puede generar precisamente el fenómeno que el sistema pretende combatir: la contaminación criminal.
Necesita también inteligencia penitenciaria.
Las cárceles del siglo XXI deben ser capaces de identificar estructuras criminales, detectar comunicaciones ilícitas, prevenir conflictos, combatir la corrupción y anticipar amenazas. La seguridad penitenciaria no puede limitarse a impedir que alguien escape; debe impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los centros de privación de libertad.
También necesita tecnología.
Sistemas biométricos, videovigilancia inteligente, control de accesos, gestión electrónica de expedientes, análisis de datos y plataformas integradas de información deben formar parte del nuevo modelo.
Pero existe un elemento todavía más importante: el personal penitenciario.
Podemos construir edificios modernos, pero si quienes los administran no reciben formación especializada, salarios dignos, capacitación permanente, controles de integridad y una verdadera carrera profesional, estaremos construyendo infraestructura sin construir institucionalidad.
Y está el componente que muchas veces queda relegado: la rehabilitación.
La seguridad ciudadana también se construye dentro de las cárceles. Educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones, atención psicológica, deporte, fortalecimiento de los vínculos familiares y preparación para la libertad no son beneficios secundarios. Son instrumentos de prevención del delito y reducción de la reincidencia.
Por eso, el gran desafío dominicano no consiste solamente en construir nuevas cárceles.
Consiste en construir un nuevo modelo penitenciario.
La República Dominicana está sustituyendo progresivamente una infraestructura que durante décadas respondió a otra realidad. Esa transición debe aprovecharse para consolidar definitivamente los principios de clasificación, tratamiento, seguridad dinámica, profesionalización y reinserción.
No debemos copiar modelos de megacárceles simplemente porque parecen impresionantes.
Debemos aprender de sus resultados.
El éxito de la reforma penitenciaria dominicana no debería medirse por el número de centros inaugurados ni por la cantidad de internos que puedan albergar.
Debe medirse por algo mucho más importante: cuánto control recupera el Estado, cuánto disminuye la violencia, cuánto se reduce la reincidencia y cuántas personas regresan a la sociedad en mejores condiciones que cuando ingresaron.
Construir cárceles es necesario.
Pero construir seguridad exige mucho más.
La verdadera obra que necesita la República Dominicana no son solamente nuevas paredes. Es un sistema penitenciario moderno, profesional, seguro y humano, capaz de proteger a la sociedad y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad real de reinserción.
Ese es el verdadero desafío de la reforma penitenciaria dominicana.
