Monte Plata atraviesa desde hace años una situación preocupante alrededor de la propiedad de la tierra, invasiones, conflictos entre propietarios y ocupantes, tala de árboles, incendios y procesos judiciales que se prolongan, y que han creado un ambiente de incertidumbre que afecta a propietarios, productores y comunidades.
El Bloque de Mujeres Parceleras y diversas organizaciones de productores han denunciado que existen terrenos cuyos propietarios poseen títulos y documentos de larga data y que, aun así, han terminado ocupados o convertidos en asentamientos. Se trata de una situación que requiere una respuesta firme del Estado y, sobre todo, seguridad jurídica para quien legítimamente posee su tierra.
También existen denuncias de que sectores políticos estarían estimulando o respaldando determinadas ocupaciones como mecanismo para canalizar demandas sociales y expectativas de empleo. Estas denuncias deben ser investigadas y esclarecidas por las autoridades competentes, porque ningún interés político puede estar por encima del derecho de propiedad ni de la ley.
La actuación de la justicia también constituye un punto central del problema. Cuando una denuncia permanece años sin una respuesta efectiva, la justicia tardía termina convirtiéndose, en la práctica, en una forma de justicia denegada.
El nuevo Código Penal ha contribuido a fortalecer la respuesta frente a determinadas conductas, pero el problema no desaparece solamente con nuevas leyes. Hace falta aplicación efectiva, prevención, investigación y consecuencias reales.
La Liga de Parceleros Cristianos y FEDELA, entre otras organizaciones, han decidido elevar sus reclamos y procurar encuentros con las autoridades del Ministerio Público. Ese camino institucional debe ser escuchado.
Monte Plata no necesita más confrontación. Necesita autoridad, seguridad jurídica y justicia.
Si el Estado reconoce el derecho de propiedad, debe garantizarlo. Si existen invasiones, debe investigarlas. Si hay funcionarios o dirigentes que las estimulan, debe determinarse su responsabilidad. Y si existen familias que reclaman legítimamente acceso a la tierra, el Estado debe buscar soluciones legales y ordenadas.
En Monte Plata hay parceleros con expedientes en la Fiscalía, con títulos en mano, con pruebas y hasta con órdenes de arresto contra los invasores… y no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando es invasión de tierra, la orden no se ejecuta. Justicia tardía es justicia denegada. Y hay una sospecha clara: autoridades del gobierno en la provincia están frenando a la justicia.
Los mismos invasores han admitido que son promovidos por sectores vinculados al gobierno, que los mandan porque les deben empleos y favores que no les han dado. Proteger la invasión es pagar el compromiso. Así no hay seguridad jurídica ni en el campo.
