El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para hoy el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de 25 personas, entre exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación Senasa 2.0-A.
En esta nueva etapa del caso Senasa, el ministerio público investiga una presunta red delictiva que habría desviado fondos públicos a través de la facturación de servicios médicos que no habían sido ofrecidos.
El tribunal fijó para las 2:00 de la tarde la audiencia para evaluar la solicitud depositada por los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
De acuerdo al expediente acusatorio del caso Cobra 2.0-A, los involucrados habrían utilizado de manera reiterada nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, para ocultar su verdadera identidad al comunicarse con el centro de autorizaciones del SeNaSa para gestionar que le cubran distintos procedimientos médicos.
La magistrada Mirna Ortiz ha explicado que esa conducta formaba parte del mecanismo utilizado para tramitar autorizaciones que posteriormente eran vinculadas a servicios médicos que, según la acusación, no habrían sido solicitados ni recibidos por los afiliados.
El expediente incluso cita que uno de los hallazgos más sorprendentes es que se confirmó en la auditoría al SENASA, que había consultas de ginecología facturadas a afiliados de sexo masculino.
De hecho, el día tres de diciembre del 2024 alguien llamó al call center de SENASA para autorizar una cauterización cervical por radiofrecuencia, y usó el código de un ginecoobstetra real. No obstante, llamó la atención que cuando el representante pidió los datos del paciente resultó que es un hombre y el desconocido dijo que iba a verificar el dato y cortó la comunicación.
