Un informe de auditoría especial de la Cámara de Cuentas enviado a la PEPCA destapó al menos 38 irregularidades con presuntos indicios penales en el INABIE. El documento detalla expedientes con documentación incompleta por decenas de millones de pesos y adjudicaciones a más de 130 proveedores que carecían de capacidad técnica acreditada por un monto superior a los RD$800 millones.
Demuestra que las denuncias de corrupción y el desorden administrativo no son casos aislados de una gestión pasada, sino una constante estructural bajo la administración actual. La lentitud y el silencio oficial ante expedientes tan pesados puestos en manos de la justicia revelan impunidad y poca efectividad real en el combate a la corrupción administrativa.
La gravedad de estos hallazgos radica en que comprometen directamente los recursos destinados a la alimentación escolar, un sector sumamente sensible que debería operar bajo los más estrictos estándares de pulcritud y transparencia. Al permitir que más de 130 proveedores sin la capacidad técnica acreditada manejen sumas que superan los RD$800 millones, se pone en riesgo no solo la correcta ejecución presupuestaria, sino también la calidad de los servicios que reciben miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
Asimismo, la persistencia de estas fallas estructurales desmantela el discurso oficial de cambio y regeneración institucional. La ciudadanía observa con escepticismo cómo los informes lapidarios de los órganos de control se convierten en piezas de archivo o en promesas de investigación que diluyen las responsabilidades penales de los implicados, perpetuando un ciclo de impunidad donde las consecuencias institucionales brillan por su ausencia.
Ante este panorama, la inacción y la tibieza de las autoridades competentes frente a un expediente de esta magnitud envían un mensaje desalentador sobre la verdadera voluntad política para sanear la administración pública. Exigir consecuencias reales y un sometimiento riguroso ante la justicia ya no es solo un reclamo de fiscalización, sino una necesidad imperativa para detener el uso discrecional y el desvío de los fondos que pertenecen a todos los dominicanos.
